Río de Janeiro vive una de las jornadas más violentas de su historia reciente. La cifra de muertos por la operación policial realizada en los complejos de favelas de Penha y Complexo do Alemão aumentó a 132 personas, según reportes de la Defensoría Pública del estado. El operativo, en el que participaron alrededor de 2 …
132 muertos en la operación policial más letal de la historia de Río de Janeiro

Río de Janeiro vive una de las jornadas más violentas de su historia reciente. La cifra de muertos por la operación policial realizada en los complejos de favelas de Penha y Complexo do Alemão aumentó a 132 personas, según reportes de la Defensoría Pública del estado.
El operativo, en el que participaron alrededor de 2 500 agentes fuertemente armados, tenía como objetivo ejecutar órdenes de captura contra presuntos integrantes del grupo criminal Comando Vermelho. La acción incluyó el uso de vehículos blindados, helicópteros y unidades tácticas, en una de las mayores movilizaciones de seguridad registradas en Brasil.
Sin embargo, el saldo humano ha generado una profunda controversia. Vecinos de las comunidades afectadas denunciaron que decenas de cuerpos fueron hallados en calles y zonas boscosas, muchos de ellos sin identificación. También señalaron casos de allanamientos violentos, daños materiales y suspensión de servicios básicos durante los enfrentamientos.
El gobernador de Río de Janeiro, Cláudio Castro, defendió el operativo asegurando que se trató de una acción necesaria contra el crimen organizado y lo calificó como “la operación más importante en la historia del estado”. No obstante, organismos de derechos humanos y organizaciones civiles exigen una investigación independiente, alegando posibles abusos de autoridad y ejecuciones extrajudiciales.
La situación ha provocado cierres de escuelas, suspensión del transporte público y un clima de tensión en varios barrios de la ciudad. Mientras tanto, el gobierno federal brasileño enfrenta crecientes críticas por la falta de control sobre la violencia en las favelas y la necesidad de reformar las estrategias de seguridad para priorizar la protección de la vida civil.







